Pecadoras que interrumpen embarazos…

Tratar la interrupción voluntaria del embarazo en MíraLES genera controversia: ¿Es un tema de interés para las mujeres lesbianas? ¿Les supone dificultades en su día a día? ¿Hacen uso de este derecho? Y la respuesta final ha sido este artículo. Porque los derechos sexuales son cosa de todas, porque las libertades de las mujeres son independientes de que necesitemos hacer uso de ellas y porque las mujeres lesbianas, como todas, podemos requerir de una interrupción del embarazo (planificado o no) en algún momento de nuestra vida.

Los embarazos no deseados son una realidad tan antigua como la mujer y el hombre; y la planificación familiar siempre ha sido la mejor estrategia para reducir su número. Durante siglos se han utilizado métodos más o menos eficaces para controlar la natalidad de la población, en función de las necesidades sociales. Así, encontramos entre los más recientes los métodos anticonceptivos, la política del hijo único en China o las ventajas fiscales y económicas por mayor número de hijos/as en países donde se desea aumentar la natalidad; entre los más antiguos encontramos otros, posiblemente mucho menos eficaces pero con la misma intención, como la marcha atrás, los lavados vaginales, los cuentos y mitos o la ingesta de hierbas y preparados esterilizantes. Y con todo esto, los embarazos no planificados continúan dándose. ¿Significa esto que la planificación familiar no es necesaria  o efectiva? En absoluto, una lectura más profunda nos muestra que la mayor eficacia de los métodos actuales reduce en gran medida los embarazos no planificados y que, sin lugar a dudas, una información rigurosa y científicamente contrastada, una educación sexual aséptica e impartida por profesionales, y un mayor acceso (económico, pero también social) a los métodos anticonceptivos conseguiría unos resultados más que positivos. Sin embargo, incluso en este maravilloso escenario, aunque menos, se darían embarazos no planificados y, muchos de ellos, no deseados. Y allá donde hay embarazos no deseados, sabemos que se dan abortos (legales o ilegales, en condiciones sanitarias o sin ellas; en el propio país o en un viaje fugaz a otros más permisivos, previo desembolso económico).

A partir de este punto,  resulta evidente la necesidad de mujeres y parejas de interrumpir esos embarazos de forma segura. Igualmente, podemos referirnos al origen de los tiempos para encontrar abortos provocados: con hojas de perejil, a través de sustancias tóxicas, utilizando medicamentos no autorizados o por personal no sanitario, incluso golpeando a la mujer embarazada en el vientre… Tantas y tantas atrocidades que han causado y todavía causan situaciones enormes de riesgo para estas mujeres (y hasta la muerte), en los países y zonas en las que el aborto es penalizado. Una ley que regule la interrupción del embarazo es, por tanto, imprescindible. Resulta completamente inútil, ingenua y poco documentada la postura de los colectivos anti-elección, mal autollamados “pro-vida”, que argumentan la eliminación del aborto a través de la ilegalización del mismo.

Las características que esta ley debe tener es el motivo, seguramente, de más discusiones y diferencias de opinión. Los Derechos sexuales y reproductivos, considerados parte de los Derechos humanos contemplan la interrupción del embarazo como parte del derecho a decidir con respecto a la propia maternidad/paternidad. La actual legislación española con respecto a la interrupción del embarazo se recoge en la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Si empezamos por el principio, cosa que no siempre hacemos, la primera medida propuesta por esta ley es el acceso a información, educación sexual y métodos anticonceptivos: la tarea pendiente del Gobierno anterior y del presente. Una vez ignorada esta parte, la ley pretende garantizar el acceso de las mujeres al aborto voluntario en condiciones de seguridad e higiene. Para ello propone una ley de plazos (no de supuestos como la legislación anterior) en la que cualquier mujer puede elegir interrumpir su embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación. Porque las mujeres somos autónomas, inteligentes y capaces de tomar nuestras propias decisiones, sin que ningún/a profesional, colectivo o ideología decida por nosotras. No obstante, esta ley nos obliga a tomarnos un plazo de tres días antes de poder hacer efectivo el aborto, por si cambiamos de idea (¿acaso suponen que no hemos reflexionado suficientemente sobre esta cuestión? Una pequeña dosis de paternalismo no puede faltar). También permite la interrupción del embarazo dentro de las 22 primeras semanas en caso de riesgo para el feto y, a partir de este momento, sólo en caso de que un comité clínico así lo apruebe (cada Comunidad Autónoma tiene su propio Comité y sorprende decir que las decisiones entre unos y otros distan de manera espeluznante… decisiones en base a ¿criterios médicos?) ¡Por cierto! Evidentemente, según esta ley ¡la mujer también puede elegir no interrumpir su embarazo! ¿A quién más que a ella, y a su pareja en todo caso, puede corresponderle tomar esta decisión? Esta ley PERMITE no dar continuidad al embarazo, NO OBLIGA a interrumpirlo: tranquilas todas las que por motivos religiosos, ideológicos, familiares o sociales decidáis continuar con ese embarazo.

Con todo esto, el actual Ministro de Justicia don Alberto Ruíz Gallardón decide anunciar su intención de modificar esta ley para volver a una ley de supuestos que penalice esta práctica a excepción de algunas situaciones muy concretas y reguladas por personas ajenas al embarazo. Los argumentos a los que se refiere hablan de la imposibilidad de tomar de decisiones por parte del feto (cuya opinión al respecto ya se han encargado de hacernos saber canciones religiosas tradicionales, por ejemplo). Y hay una reflexión al respecto que se obvia a menudo: en nombre del feto, ¿la decisión corresponde al Estado, al o a la profesional sanitario, al Ministro de turno? Y qué hay de la capacidad de decisión de la mujer embarazada, ¿nos preocupa la del feto pero invalidamos la suya?

Sea cual sea nuestra ideología, no debemos olvidar que, según nuestra Constitución, vivimos en un Estado aconfesional, que los poderes públicos tienen la obligación de respetar y garantizar todas las religiones e ideologías; y que la obligación del ordenamiento jurídico es garantizar los derechos y bienestar de todos/as los/as ciudadanos/as. Una ley de plazos cumple mucho más esta función que una ley de supuestos y este hecho no puede vulnerarse con palabrería y adoctrinamiento. ¿Por qué tanto miedo a las libertades individuales? ¿A la toma responsable de decisiones?

 

Por eso, como sexóloga, no pudo aceptar que se obligue a las mujeres a interrumpir su embarazo; pero tampoco acepto que no se les permita hacerlo en condiciones seguras a todos los niveles. Convencida de que más valdría invertir tiempo y dinero en educar las sexualidades, que en tratar de imponer un modelo sexual único, limitado y limitante; invito a cada mujer y a cada hombre que lea este artículo, a preguntarse qué pasaría si cada decisión controvertida o socialmente dirigida que queramos tomar fuera regulada por una ley que nos guiara en un único sentido. Sabemos que las prohibiciones no solucionan, que las limitaciones sólo cierran puertas y que la autonomía es una herramienta muy eficaz para el bienestar individual y colectivo; así que demos cabida a todas las decisiones autónomas (también a las que nosotras no tomaríamos o no entendemos). Luchemos por una legislación para todas y para todos, también en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.




There are 3 comments

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  1. Alice

    me considero una mujer muy liberal, de izquierda, feminista a saco, pero he de reconocer que con los temas del aborto me quedo un poco atrás… yo tuve un aborto espontáneo hace unos años y es algo que me dejó marcada, sin duda era un embarazo deseado. no critico a la gente que aborta pero si me cuesta mucho pronunciar una opinión sin ser considerada religiosa o pepera

    • Patricia

      ALice, gracias por opinar sobre el artículo. Sí que es cierto que resulta difícil tener una opinión de rechazo al aborto sin que se vincule a la religión o la derecha política. Y lo cierto es que el debate social establece dos puntos enfrentados… Por eso el artículo trata de defender una legislación que dé cabida a todas las ideologías, para que cada mujer (con su particular visión, vivencia y creencia) pueda decidir libremente qué hacer con su embarazo. Espero que te haya resultado interesante.


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